A partir de esta semana, todos aquellos servidores públicos que sean descubiertos bloqueando o interfiriendo la señales de telefonía celular o transmisión de imagen y que no pertenezcan al sistema penitenciario, serán sancionados con hasta 18 años de prisión.

Cuando el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura, el diputado Edgar Gasca Arceo, tomó posesión de su cargo en septiembre pasado, denunció haber encontrado micrófonos y tecnología destinada para espiar las llamadas telefónicas realizadas al interior del Congreso de Quintana Roo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha descubierto quiénes instalaron estos equipos de espionaje celular, mientras que la actual presidenta de la Jugocopo, Reyna Durán Ovando, reconoció que no se le ha dado seguimiento a este caso, “debido a que no tenemos nada que ocultar”. 

De acuerdo con la reforma al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “queda prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen”.

Asimismo, se penaliza la interferencia de las llamadas telefónicas y cualquier tipo de comunicación, como los mensajes de texto. Quedan exentos de estos puntos las autoridades encargadas de los penales, así como las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional.

Las Secretarías de Seguridad Pública Estatales queda fuera del uso y operación de este equipo, excepto para su uso también en centros de penales.

Los particulares o personas que posean esta tecnología, deberán de entregar los mismos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o en su caso destruirlo en un plazo de 30 días.

En el 2015, el entonces gobernador Roberto Borge Angulo fue denunciado por el presunto delito de espionaje telefónico, aunque la queja fue desechada al no encontrarse fundamentos o pruebas en su contra.