El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), otorgó el asilo político a la familia del expresidente peruano, Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración por intentar perpetrar un golpe de Estado. El beneficio incluye a la ex primera dama, Lilia Paredes, y sus dos hijos, Arnold y Alondra, de 16 y 10 años, respectivamente.
La preparación de las maletas para salir rumbo a tierra azteca no tendrá obstáculos por parte de la administración de Dina Boluarte, quien descartó que las investigaciones en contra de Paredes, por presuntamente formar parte de una organización criminal, representen un impedimento para viajar. De esa forma, lo anunció Boluarte en una entrevista con el programa Panorama, donde reveló que su canciller, Ana Cecilia Gervasi, le compartió la disposición de AMLO.
Sin embargo, las declaraciones de la mandataria sorprenden y dejan a un lado que el pasado 14 de octubre, el juez Raúl Justiniano impuso restricciones a Lilia Paredes ante el Ministerio Público, entre ellas, control mensual ante su despacho y la prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial. Desde entonces, la ex primera dama tampoco puede comunicarse con los otros investigados por el caso ni visitar los ministerios de Vivienda ni de Transporte y Comunicaciones, así como tampoco las municipalidades de Chadín, Anguía, Cajatambo y Chachapoyas.
Contra el tiempo
En la ley mexicana, el asilo político está estipulado en la normativa para refugiados reformada el pasado 18 de febrero de 2022. La esposa de Castillo tiene el tiempo contado para acogerse al beneficio, considerando que el octavo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional –a cargo de la causa en su contra por el supuesto delito de corrupción– rechazó la solicitó de privativa de libertad por 36 meses hecha por la Fiscalía y, a cambio, impuso el pago de cauciones de 10000 soles (2600 USD), pero el Ministerio Público está apelando la decisión.
El recurso fue interpuesto nuevamente por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción y admitido a trámite por el magistrado John Bernardino Pillaca Valdez, quien aún no se pronuncia.
Además, la ex primera dama sigue en los radares de la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (Cajamarca), que tiene en curso las diligencias por el presunto delito de “plagio agravado” cometido en la elaboración de su tesis, presentada ante la Universidad César Vallejo (UCV) para obtener junto a Castillo una maestría en Psicología Educativa.
Castillo excluido del asilo
Pedro Castillo está fuera de la lista de quienes serán protegidos por el Gobierno mexicano de López Obrador. Su exclusión de la lista frustra su intento por refugiarse en México después de haber sido detenido a pasos de la Embajada mexicana en Lima.
Por ahora, su petición del beneficio, que ha hecho desde el penal de Barbadillo, donde está recluido desde el pasado 7 de diciembre, sigue en el limbo. Lo único seguro es la detención durante los próximos 18 meses por “peligro de fuga”. Parte de su complejo escenario lo propició el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien vociferó anticipadamente las pretensiones de Castillo de refugiarse en la sede diplomática, delatando así su ubicación y alertando a las autoridades locales.
Mientras la solicitud de asilo en México de Castillo fracasa y su familia se alista para dejar Perú, la presidente Dina Boluarte anuncia la destitución del jefe del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y la recomposición del Gabinete esta semana, porque busca un tren Ejecutivo que conozca la parte técnica con un perfil «un poco más político para poder enfrentar» los descontentos sociales «y tender los puentes de diálogo».
Detrás de este discurso también hay una crisis oculta, considerando que Angulo había sido juramentando en el cargo el 10 de diciembre. ¿Persiste la ruleta de gabinetes? Pedro Castillo tuvo cinco, y su final ha sido –como mínimo– catastrófico.