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27 March 2020

El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, acusó formalmente de “narcoterrorismo” al presidente venezolano Nicolás Maduro, por su presunta relación en trasiego de drogas y armas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conlleve a su captura.

William Barr, el procurador general de Justicia de Estados Unidos, y representantes de la DEA dieron a conocer los cargos criminales contra Maduro y 14 funcionarios de su gobierno en encausamientos judiciales entregados a Cortes Federales en Nueva York, Texas, Florida y Arizona.

La acusación de “narcoterrorismo” al presidente venezolano se deriva de su presunta relación con el grupo insurgente de las FARC para exportar cocaína y otros enervantes a Estados Unidos, usando los fondos provenientes de esto para financiar actos terroristas y políticos.

Por medio de su cuenta de Twitter, Maduro rechazó la acusación tildándola de “conspiración” en su contra por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

Las acusaciones

No es la primera ocasión que el gobierno estadunidense acusa de narcotráfico a un presidente latinoamericano, un antecedente es el caso Ernesto Samper exprimer mandatario colombiano.

“Corrupción, narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero”, dijo Barr en conferencia de prensa, son algunos de los cargos que le imputaron a Maduro en un “súper encausamiento” en una Corte Federal en Miami, Florida.

Barr acotó que, en las cortes de Nueva York, Texas, Arizona y Florida, cuentan con expedientes criminales en contra de Maduro y otros 14 funcionarios de su gobierno entre estos el presidente de la Suprema Corte de Venezuela.

El Procurador General de Justicia estadunidenses acotó que la relación del régimen de Maduro con la FARC es explícita en el tráfico de drogas y el tráfico de armas a Colombia, las cuales se adquieren con el dinero proveniente de la venta de los narcóticos.

El gobierno de Trump acusa a Maduro y los miembros de su gobierno encausados, de conspirar para la exportación de unas 250 toneladas de cocaína colombiana a Estados Unidos, a través de rutas del trasiego de drogas establecidas por las FARC desde Centroamérica.

El Departamento de Estado del gobierno de Trump, ofrece 15 millones de dólares por la información que conlleve a la ubicación y captura de Maduro y los integrantes de su gobierno acusados de “narcoterrorismo”.

Venezuela, santuario para las FARC

Barr afirmó que, por su colaboración con las FARC para el tráfico de drogas y armas, Maduro ofrece el territorio venezolano como un “santuario” al grupo insurgente colombiano.

“Maduro y los otros acusados han traicionado al pueblo venezolano… se tiene que poner un fin a la corrupción”, sentenció el procurador general de Justicia, reiterando que el mandatario venezolano es una máquina de lavado de dinero de la venta de drogas y trasiego ilícito de armas.

Por los otros funcionarios venezolanos acusados junto con Maduro, el gobierno de Trump ofrece 10 millones de dólares por la información que conlleve a la captura de estos para enjuiciarlos ante las cortes federales donde se tienen los encauzamientos.

De ser enjuiciados y declarados culpables en las cortes correspondientes donde se les procesaría en caso de ser extraditados, Maduro y los demás encauzados serían sentenciados a cadena perpetua como pena máxima, y de 10 a 20 años de cárcel como mínima.

Por el contexto internacional que le da Estados Unidos a los cargos que le imputa a Maduro y a los funcionarios de su gobierno, se podría emitir una nota roja por parte de la Interpol para colaborar en su captura emanada de los delitos de narcoterrorismo.

“No reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela”, manifestó el Procurador Barr, haciendo alusión que para Trump y otros 50 países; es Juan Guaidó el legítimo presidente de los venezolanos.

Los encausamientos contra Maduro y los otros acusados permanecen sellados porque la ley estadunidense establece que en casos criminales los expedientes se abren únicamente cuando los personajes encausados se encuentran en territorio estadunidense y bajo la custodia de los alguaciles federales (US Marshalls).

Vínculos, desde hace 10 años

Barr y los fiscales del Departamento de Justicia involucrados en la elaboración de los expedientes criminales, subrayaron que la relación criminal de Maduro, los otros encausados y las FARC data desde hace más de una década.

“No estamos actuando como policías del mundo, sino como policías de Estados Unidos”, expresó Barr, al descartar un contexto político en las acusaciones a Maduro y a los funcionarios venezolanos.

“El gobierno de Maduro conspiró con las FARC para enviar cargamentos de cocaína a los Estados Unidos”, sentenció el Procurador General de Justicia.

Los cuatro encausamientos criminales del gobierno de Estados Unidos contra Maduro contienen los nombres de los otros 14 acusados de terrorismo, narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.

10 mdd por colaboradores de Maduro

El Departamento de Estado del gobierno de Trump ofrece 10 millones de dólares de recompensa por la información que conlleve a la captura de los otros venezolanos encausados: Diosdado Cabello Rondón, jefe de la Asamblea Constitucional; Hugo Carvajal Barrios, exdirector del sistema de inteligencia; Clíver Alcalá Cordones, general venezolano; Luciano Marín Arango, miembro de la dirigencia de las FARC.

Maikel José Moreno Pérez, presidente de la Corte Suprema; Tareck Zaidan El Aissami Maddah, vicepresidente de economía; Joselit Ramírez Camacho, superintendente del banco central; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; el empresario Samark López Bello y Seuxis Paucis Solarte, miembro del comando central de las FARC.

También, Luis Mota Domínguez, exministro de energía; Néstor Reverol Torres, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas; Edylberto José Molina Molina, exsubdirector de la misma dependencia; Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, excapitán de la Guardia Nacional venezolana; Rafael Antonio Villasana Fernández, exoficial de la Guardia Nacional, y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, exviceministro de energía.

A Maduro y todos los acusados, el gobierno de Estados Unidos los señaló como cabecillas e integrantes del grupo criminal transnacional de tráfico de drogas y armas: Cártel de los Soles.

(Proceso)

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