Las promesas de la Reforma Energética, implementada durante la administración de Enrique Peña Nieto, quedaron en letra muerta: entre 2013 y 2018 los indicadores financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desmoronaron, la producción de hidrocarburos cayó y prácticamente todas las filiales de la petrolera sufrieron pérdidas. Lo anterior, con sonados casos de corrupción en esa dependencia como trasfondo.

Pemex cerró 2018 con pérdidas patrimoniales de 1 billón 7 mil millones de pesos y una deuda de 2 billones 82 mil millones –85% más que en 2014–. La empresa “no fue líquida”, tuvo un endeudamiento por encima del saldo de sus activos totales y un capital contable negativo; “no fue rentable” e incluso presenta posibilidades de “quiebra”.

El riesgo es real: de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “de continuar con las tendencias negativas (en Pemex), se pone en riesgo su contribución fiscal, lo cual repercutiría negativamente en el crecimiento económico del país y limitaría los recursos que pueden ser utilizados en beneficio de la población”.

El jueves 20 la ASF terminó la entrega de auditorías a la Cuenta Pública 2018, correspondiente al último año de administración de Peña Nieto; entre ellas, el ente fiscalizador dio a conocer 13 informes detallados sobre el desempeño de Pemex y sus filiales en el marco de la Reforma Energética.

La reforma, que la administración priista consiguió mediante el Pacto por México, terminó de abrir el sector energético mexicano al capital privado y catapultó la popularidad de Peña Nieto en el ámbito internacional. Fue operada por los sucesivos directores generales de Pemex –Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina–, así como Luis Videgaray Caso, el exsecretario de Hacienda.

Sin embargo, las auditorías muestran que la situación de Pemex se degradó a lo largo del sexenio, tanto por malas decisiones como por la escasez de recursos o el auge del huachicol: sus costos de venta se dispararon 40%; el valor de sus activos se redujo 18.5% y el costo financiero de la deuda pasó de 32 mil 600 millones de pesos en 2013 a 122 mil 56 millones en 2018.

La Reforma Energética escindió Pemex en un corporativo y siete empresas productivas sucursales, que entraron en operación a finales de 2015. La ASF constató que esas empresas “carecieron de un plan de negocios específico” y encontró una evidente “falta de interés” de los sucesivos directores generales de Pemex en ellas.

En 2018, por ejemplo, Treviño nunca asistió a sus consejos de administración, ni siquiera a las de Pemex Exploración y Producción (PEP), que aporta 9.2% de todos los ingresos del gobierno mexicano.

A pesar de los repetidos escándalos de corrupción ocurridos en Pemex durante el sexenio pasado –por los cuales Lozoya se encuentra detenido en España, en espera de su extradición a México–, la ASF observó que las filiales todavía carecen de coordinación con la Unidad de Responsabilidades “para conocer y dar seguimiento a la posible existencia de casos de corrupción, por lo que no existieron garantías sobre la efectividad de los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción”.

(Proceso)