En el Salar de Uyuni en Bolivia, el país con grandes reservas de litio, la disponibilidad de agua se ha reducido por la extracción de este metal y ha afectado a las comunidades aledañas, las cuales no fueron consultadas de manera previa, libre ni informada antes de la instalación de la planta del Gobierno entonces de Evo Morales. En el Salar de Atacama en Chile y el Salar Hombre Muerto en Argentina, dos de los principales productores a nivel mundial de este “oro blanco”, la presión hídrica y conflictos sociales son similares.

“En el caso de Bolivia su plan ambiental solo contemplaba qué pasa con la sal que se desecha después de la extracción de litio. Pero no hubo un estudio sobre el impacto de disponibilidad de agua. Es lo que puede suceder aquí en México. Las empresas no consideran el efecto que tiene que ver con la utilización de químicos nocivos para la salud humana y de animales, la contaminación de agua, aire y el daño a suelos”, dijo Jessica Estefanía Jiménez Montoya, autora de una investigación sobre el litio en el país sudamericano. “En Argentina, esos químicos causaron daños en la piel de las personas cercanas al Salar de Hombre Muerto”.

“Es un muy mal indicador el derrame de tóxicos en los ríos Sonora [en 2014 por parte de la minera Grupo México, también responsable de Pasta de Conchos] y la falta de voluntad política y capacidad técnica de autoridades [Semarnat, Conagua] para dar cumplimiento con las disposiciones ambientales. Qué podemos esperar con la extracción de litio en la región norte de nuestro país: agregaría una presión más sobre el agua, donde de por sí hay alrededor de 5 mil concesiones mineras”, agregó la especialista en temas hídricos.

En México, los yacimientos de litio localizados en Baja California (proyecto de la estadounidense Pan American Lithium), Sonora-Chihuahua (de la británica Bacanora y la china Gangef), San Luis Potosí-Zacatecas (de la española Litiomex, filial de Sterling Mining, relacionada con los Panama Papers); dos en Sonora, uno en Jalisco y cuatro en Puebla (reservados por el Gobierno federal desde 2015 y 2018), están apenas en etapa de exploración, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

El monitor de sequía nacional de la Conagua muestra en amarillo las zonas de sequía anormales hasta el 31 de enero. Imagen: Conagua.

El proyecto más avanzado, ubicado en la sierra alta sonorense cercana a la zona del caso LeBarón, está a cargo del consorcio de las empresas británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium. Con una inversión de 420 millones de dólares, con “minería a cielo abierto” estima producir a partir de 2021 alrededor de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio, y en una segunda fase, 35 mil toneladas al año, de acuerdo con el reporte técnico de viabilidad publicado por Bacanora en enero de 2018.

A finales del sexenio pasado, el documento “Perfil del mercado del litio” publicado por la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía reiteró que “el depósito se encuentra cerca de la superficie, donde puede ser extraído por métodos a cielo abierto”.

La minería a cielo abierto, al dinamitar la corteza terrestre, usar químicos y millones de litros de agua, tiene afectaciones permanentes sobre la orografía, la biodiversidad y el bienestar de comunidades rurales, indígenas y mestizas, destaca el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM. A nivel nacional existen más de 120 conflictos sociales como consecuencia de las graves afectaciones de las actividades mineras, documenta.

De acuerdo con Mining Technology, este yacimiento tiene reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas, por lo que sería el depósito más grande del mundo hasta ahora descubierto.

PRODUCCIÓN DE BATERÍAS DE LITIO

Este metal, el más ligero de la tierra, también se usa como componente de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos, por lo que su demanda va de la mano del crecimiento del sector tecnológico. La Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía planea apostar tanto a la extracción como a la cadena productiva.

Investigadores especializados en energía y medio ambiente han coincidido en que la autoridad mexicana está a tiempo de regular la explotación del carbonato de litio para evitar el ya documentado despojo a comunidades rurales o indígenas y la contaminación generada por la extracción de otros minerales por parte de empresas nacionales y extranjeras.

“En México hay un yacimiento de carbonato de litio que hay que sacar con una minería tradicional, desgraciadamente. En otros países el litio está superficial y se puede recuperar con agua y en otros en domos salinos. Si se planea bien desde un inicio, va a venir a ser un beneficio muy grande porque la otra alternativa de baterías es el plomo. Nadie quiere eso”, dijo el Ingeniero Químico Daniel Chacón, de Iniciativa Climática México. “Lo que hay que hacer es que no haya chapuzas en el proceso de regularlo”.

Pero Gabriela Muñoz, Directora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, al formar parte de un grupo ambiental minero en Inglaterra, y recorrer varios países con actividades mineras, notó que en Irlanda y Polonia había una restricción mayor que en otros lugares como Papa Nueva Guinea y países de África. “Las regulaciones son más laxas en lugares menos desarrollados. Aquí no porque vendrán las inversiones a generar desarrollo y crear empleos mal pagados, se les vayan a dar todas las facilidades”, requirió.