El albergue La Gran Familia de Mamá Rosa operó por varios sexenios con el respaldo y reconocimiento de personalidades de la política, sector intelectual y cultural del país, mientras gobernantes entregaron supuestamente “a ciegas” recursos públicos sin vigilar la integridad de los menores. El caso de Mamá Rosa puso en evidencia la nula vigilancia y atención que tienen este tipo de centros y que a más de cinco años y medio, aún persiste en el país.

Para víctimas de albergue La Gran Familia e incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los servidores públicos que respaldaron a Mamá Rosa y asignaron recursos deben de ser investigados y sancionados porque –aunque argumenten que no sabían– hubo omisión en la protección de los menores y personas ahí encerradas, pues no se vigiló y supervisó el albergue, lo que provocó que por años fueran vulnerados sus derechos humanos.

Sin embargo, por otra parte, algunos de los afectados acusaron que parte de los políticos que visitaron la casa hogar sí se percataron de las condiciones precarias y de abuso que sufrían los alojados en La Gran Familia, pero no hicieron nada por salvarlos.

“Queremos que [los gobernantes y políticos de entonces] también sean sancionados, que se habrá una investigación seria y con resultados; más que nada porque, por ejemplo, Felipe Calderón y Margarita Zavala veían cómo vivíamos, las condiciones en las que nos tenían”, aseguró Eduardo Verduzco Verduzco, víctima de albergue “La Gran Familia”, en entrevista con SinEmbargo.

Eduardo es una de las víctimas de la casa hogar ubicada en Zamora Michoacán, de la cual en julio de 2014 fueron liberadas 596 personas: 278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos, y 138 mayores de edad. Hoy, el joven que ahora tiene 24 años, buscó a los medios de comunicación para denunciar que, a cinco años y medio del rescate, las víctimas no han sido atendidas a cabalidad por las instituciones federales, y no han contado con una reparación integral del daño.

El rescate reveló la situación de precariedad a la que fueron sometidos y eso generó conmoción en la sociedad, principalmente en sectores como el cultural, intelectual y político. Al inicio, figuras públicas mostraron incertidumbre por la detención de “Mamá Rosa” e incluso sospechaban de la veracidad de las acusaciones. Personalidades como el futbolista Rafael Márquez, el ex Presidente Vicente Fox Quesada, su esposa Martha Sahagún, y del escritor Enrique Krauze demostraron en ese entonces su apoyo a través de las redes sociales.

Y es que, uno de los aspectos que se destacó en el caso La Gran Familia, fue la estrecha relación que logró sostener su fundadora, Rosa María Verduzco Verduzco, con políticos.

Los ex Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, de extracción panista, así como sus esposas Martha Sahagún y Margarita Zavala apoyaron el albergue. Las fotografías de los matrimonios con Rosa Verduzco se difundieron ampliamente tras el escándalo. Pero no solo fueron ellos, también otros políticos como los ex gobernadores de Michoacán, Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figureoa son parte de los políticos que se relacionaron.

“Este caso es importante, no sólo por lo que pasamos las víctimas, sino a nivel político, porque estuvo involucrada mucha gente, Vicente Fox, Martha Sahagún, Margarita Zavala, Felipe Calderón, luego también varios de los pensadores de México, que firmaron una carta para que Mamá Rosa fuera exonerada de cualquier cargo”, dijo Eduardo Verduzco.

Una de las fotografías que comenzaron a circular en redes sociales donde se mostró el apoyo que Fox y su esposa al albergue, luego de que se descubrió que los niños de la Casa Hogar eran violentados. Foto: Especial.

Mamá Rosa, de entonces 80 años de edad, mujer fue hospitalizada el 16 de julio de 2014, un día después del rescate porque, luego de ser informada de su situación legal, su estado de salud se complicó. La mujer, que fue dueña del albergue por 40 años, estuvo cuatro días a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero finalmente fue liberada porque la autoridad ministerial determinó no ejercer ninguna acción penal.

La PGR por su cuenta determinó que la mujer era inimputable por su presunta condición de demencia senil, lo que generó la inconformidad de víctimas.

El 25 de diciembre de 2015, la CNDH emitió la Recomendación 53/2015, donde concluyó que la declaración de “inimputable” se hizo sin sustento, es decir,  sin que un juez haya avalado tal decisión o las víctimas u ofendidos hubieran conocido los peritajes respectivos para hacer valer lo que en derecho correspondiera. Por ello, el Organismo solicitó a las autoridades ministeriales realizar las diligencias necesarias “para determinar en forma indubitable, el estado de salud mental de la presunta responsable llevando a cabo los procesos técnicos y científicos indispensables, para saber sí esa condición era contemporánea a los hechos que se le imputaban y sí tal situación implicaba o no su inimputabilidad.

Mamá Rosa falleció el 3 de junio de 2018 en la Ciudad de México después de estar dos semanas hospitalizada.

Eduardo Verduzco, una de las víctimas,  destaca que a la fecha los agraviados no han obtenido justicia pues no se han realizado las investigaciones ni sancionado a todos los involucrados directa e indirectamente en el caso.

MILLONES SIN SUPERVISAR

La Casa Hogar recibió al menos 3 millones de pesos entre 2005 a 2014, de entre recursos federales, estatales y municipales, más los apoyos en especie que obtuvo durante su operación. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), la delegación de Sedesol en Michoacán asignó recursos públicos federales y estatales en los programas de coinversión social, igualmente en el Programa de Empleo Temporal, hasta la cantidad 1 millón, 615 quince mil pesos, entre los años de 2005 a 2014.

En tanto que, la Presidencia Municipal de Zamora Michoacán otorgó, entre los años 2009 y hasta 2013, subsidios por la cantidad de 1 millón 476 mil 889 pesos, de acuerdo a informes la propia Tesorería Municipal dirigidos a la CNDH.

El Organismo determinó, en la recomendación emitida en noviembre de 2018, que debía investigarse la responsabilidad de los servidores públicos de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo y Coordinador General del COPLADEM quienes “omitieron supervisar los procesos de asignación de los recursos”.

“OBLIGABAN ADULTOS A VOTAR POR EL PAN”

Los apoyos y la relación que tenían ex Presidentes y políticos del Partido Acción Nación Nacional (PAN) para el albergue “La Gran Familia” no quedaron solo en el agradecimiento moral por parte de su fundadora, Rosa María Verduzco Verduzco; estas “ ayudas eran recompensadas por Mamá Rosa, que en las elecciones juntaba a los “internos” que ya eran mayores de edad, y los enviaban custodiados a las urnas para que votaran por los políticos blanquiazules, aseguró el joven Eduardo Verduzco Verdusco.

El joven también platicó que durante su estancia varias personas eran obligadas a aprender instrumentos para mantener “dar conciertos”, a figuras públicas. Para el joven es difícil creer que políticos que estuvieron y visitaron la casa de Mamá Rosa desconocieran los maltratos a los que eran sometidos sus integrantes.

“El día de las elecciones ,Mamá Rosa juntaba a todos los mayores de edad para que votaran por el PAN, nunca les dio su credencial, ella tenía tanto poder que mandaba a pedir las credenciales. Sabemos que ese trámite es particular, pero ella mandaba pedir 400 credenciales, y esos días de elecciones formaban a los mayores de edad, les daba la credencial y les decía que tenían que votar por el PAN, y ahí se los llevaban. Cada grupo iba cuidado por varios encargados, para que no hicieran nada”, aseguró Verduzco Verduzco.

El joven insistió que los abusos no fueron ajenos para algunas figuras políticas que visitaron el lugar. “Calderón y Fox, ellos sabían lo que pasábamos. Cada año – yo recuerdo bien todo– Felipe Calderón y Margarita Zavala llevaban pan y le entregaban dinero a Mamá Rosa. Una vez fue esta señora “Cocoa” Calderón, y Josefina Vázquez Mota también fue y nos dio una charla ahí”, destacó.

Agregó que las autoridades locales, como la policía, estaban coludidas con el albergue pues cuando alguna de las personas huía, los agentes de inmediato lo detenían y lo regresaban al lugar.

“Si tú te escapabas de ahí, la misma policía te detenía. Ya estabas identificado, estabas fichado, apenas salías de la reja y las autoridades ya sabían que te habías escapado y montaban todo un operativo para poderte agarrar y que no pudieras salir a denunciar. Por eso digo que las autoridades estaban coludidas”.

Los menores de edad, como se supo públicamente, daban conciertos en el Centro Fox, sin embargo, Eduardo destaca que los niños eran obligados a aprender música y si no lo hacían, los castigaban dejándolos sin comer.

“Ahí la regla básica era que aprendieras música, si no aprendías música te quitaban tu comida, a parte que la comida estaba echada a perder todo el tiempo, te quedabas sin alimentación, te quedabas de un día hasta un mes hasta que aprendieras un instrumento porque íbamos a tocar al Centro Fox, era todo un desmadre ahí que se traían los políticos”.

El caso de mamá terminó en la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que fue girada hasta después del sexenio de Calderón y tras la muerte de Mamá Rosa. La recomendación del Organismo fue girada no sólo para las autoridades federales, – Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de Educación Pública (SEP), a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), a la Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) – sino también al Presidente municipal de Zamora y a los gobernadores de 15 estados: Michoacán, Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

El organismo concluyó que existía responsabilidad en servidores públicos de diversos niveles de gobierno y administraciones:

“Con base en las anteriores consideraciones, esta Comisión Nacional establece en principio que las responsabilidades que se desprenden del presente caso trascendieron muchas administraciones de las distintas instancias involucradas, lo cual impide a este Organismo Nacional identificar en su mayoría a las y los servidores públicos directamente responsables, lo cual no obsta para que los diversos entes de gobierno, de forma institucional, realicen los procesos de investigación interna (auditorías) que correspondan sobre las obligaciones de sus servidores públicos en el marco jurídico que les sea aplicable, de acuerdo a las fechas de sus gestiones, y que sean estos los que remitan las constancias que acrediten la identidad específica de cada servidor público responsable, al tenor de las precisiones que al efecto establecerá este Organismo Nacional en los párrafos siguientes.”

AUTORIDADES RESPONSABLES

Sin embargo, la CNDH logró identificar que responsabilidades por parte del personal de la Jurisdicción Sanitaria en Zamora, Michoacán, porque hubo irregularidades en las inspecciones que realizaron a la Casa Hogar, entre el año 2005 y 2012, pues que “en ninguna de sus visitas lograron el acceso al inmueble para determinar si reunía las condiciones en materia de salubridad para operar con la función de albergue, casa hogar, escuela, con áreas de dormitorio y comida.

También se determinó que el Sistema DIF Michoacán, especialmente el de Zamora, “resultan responsables por haber omitido, durante el tiempo que operó la Casa Hogar, verificar si contaba con las condiciones físicas para brindar el servicio de custodia de personas menores de edad, en cuanto a los inmuebles que ocupaba, así como el número y capacidades del personal que laboraba en la Casa Hogar”.

En el caso de SEP y la SEP Michoacán, no se efectuó la verificación y supervisión de la función educativa en su nivel básico y suspender la operación de la escuela, así como el retiro del reconocimiento de la validez oficial de sus estudios.

La CNDH también determinó que hay responsabilidad de los servidores públicos adscritos a la UMF número 82 y HGZ número 4, de Michoacán, que participaron por varios años en programas de salud y que no dieron vista a las autoridades competentes de los hallazgos sobre las lesiones que algunos internos de la Casa Hogar presentaban al momento de la exploración.

En relación al de los Sistemas DIF Estado de México, Jalisco y Querétaro, “resultan responsables de haber enviado a la Casa Hogar a varios niños, niñas y adolescentes, cuando se encontraban a su cargo, desatendiendo sus obligaciones de custodiarlos sin realizar el debido seguimiento y verificación de su situación en ese lugar”.

La Comisión también reveló que servidores públicos del Sistemas DIF Nacional y de los Sistemas DIF de Baja California, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Querétaro, recibieron a las personas que fueron rescatadas, pero” incurrieron en omisiones derivadas de la falta de acciones que promovieran la atención adecuada y diferenciada en cada caso, ya que contrario a ello permitieron su “reintegración” a sus diversas familias sin asegurarse que en ellas se contaba con los medios idóneos para garantizar su pleno desarrollo”.

(Sin Embargo)