El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió dos informes por deficiencias detectadas en 35 lugares de detención dependientes del gobierno de Campeche, casas-hogar del DIF estatal y privadas, hospital psiquiátrico y 11 lugares más de detención dependientes de los ayuntamientos y un albergue para niños y adolescentes, que pueden derivar en malos tratos o tortura hacia las personas privadas de la libertad.
De los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen se observó a personas privadas de la libertad realizar tareas de vigilancia en diversas áreas, además de que en cada dormitorio hay un recluso denominado “encargado”, quien realiza funciones de enlace entre la población y las autoridades del establecimiento.
También fueron detectados teléfonos celulares y se señaló la existencia de cobros de servidores públicos por la administración de negocios en el centro y la introducción de distintos objetos.
Además fueron supervisados dos Centros de Reinserción Social y el Centro de Internamiento para Adolescentes; un hospital psiquiátrico y dos casas hogar del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como cuatro casas-hogar privadas y un centro contra adicciones también de carácter privado.
Los resultados revelan que en los lugares dependientes de la Fiscalía General del estado, no se proporcionan alimentos a las personas detenidas por falta de partida presupuestal. Igual ocurre en instancias dependientes de los ayuntamientos, mientras que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Candelaria sólo se proporcionan dos comidas al día.
El MNPT encontró irregularidades como: certificación médica de integridad física de las personas privadas de la libertad se practica en presencia de personal policial y en algunos lugares no se realiza al ingresar los detenidos; el personal médico carece de capacitación para elaborar certificados de integridad física de acuerdo con el Protocolo de Estambul, y el área de aseguramiento no cuenta con reglamento interno ni manual de procedimientos; además, falta de programas contra las adicciones y el tratamiento de desintoxicación, locutorios que no garantizan la privacidad de conversaciones entre internos y sus defensores, falta de reglamento interno y de separación entre procesados y sentenciados, así como personal de seguridad insuficiente.
También faltan programas para prevenir o atender situaciones o eventos violentos; no se han efectuado modificaciones o adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física; no existe registro de las visitas de supervisión de autoridades superiores; las entrevistas con defensor y visitantes, así como la comunicación telefónica se realizan sin privacidad, y los representantes sociales no acuden al área de aseguramiento para verificar el trato a las personas detenidas.
Se encontró también que en lugares que dependen de los ayuntamientos, algunos Bandos de Policía y Buen Gobierno no prevén procedimiento para la imposición de sanciones administrativas, ni la obligación de practicar examen médico a quienes ingresan en arresto, ni establecen separación entre mujeres y hombres en dichos lugares, en tanto que en las casas-hogar privadas no hay personal especializado para atender a las personas ahí alojadas, no se cuenta con libro de registros y carecen de reglamento interno y manual de procedimientos, así como de servicio médico.